La Ley 20.606[1], sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, incorporó en el año 2016 un nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos (“alto en”), basado en los límites de contenido de energía (calorías) y nutrientes críticos (azúcares, sodio/sal, grasas saturadas) y las definiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos[2]. Esta Ley, también estableció restricciones a la publicidad en todos los medios de comunicación, a la venta y entrega de alimentos en escuelas, lo cual ha significado un cambio importante en los ambientes alimentarios en nuestro país, protegiendo principalmente a niños, niñas y adolescentes de los ambientes obesogénicos[3]. La evaluación de la implementación de esta Ley muestra, entre otros buenos resultados, una caída en la venta de productos con excesivo contenido de nutrientes críticos[4], así como también en la exposición al marketing de alimentos no saludables[5] y una visible mejora del entorno escolar, espacio donde niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo[6].
Uno de los efectos de la implementación de la Ley 20.606 es la reformulación de algunos alimentos ultraprocesados “alto en”. Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas (ref). En sus formas actuales, se podría decir que son inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernas. La mayoría de estos productos contienen poco o nada de alimentos enteros, vienen listos para consumirse o para calentar y por lo tanto, requieren poca o ninguna preparación culinaria. La gran mayoría de los ingredientes de los productos ultraprocesados son aditivos (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, “mejoradores” sensoriales como aromatizantes y saborizantes, conservadores, saborizantes y solventes)[7].
La industria ha reemplazado ingredientes que adicionan azúcares, grasas saturadas y sodio, por aditivos que aspiran a mantener y realzar el sabor dulce, salado o graso[8]. El objetivo de esta reformulación, más que mejorar la calidad nutricional del producto, pareciera ser únicamente quedar bajo los límites establecidos, para así no ser merecedores del sello de advertencia, ni de las prohibiciones de venta y publicidad. Esto indica que la Ley cumple su rol en la disminución de ventas de productos “alto en”, lo que obliga a la industria a adaptarse y adecuarse para soslayar este efecto. No obstante, desde el punto de vista de salud pública, lo que se esperaba era disminuir la adicción a sabores intensos y poco naturales.
Hoy en día es difícil encontrar productos sin endulzantes artificiales o aditivos[9],[10]. Por el contrario, abundan alimentos ultraprocesados sin sellos, con ingredientes que rara vez se utilizan en las cocinas de nuestros hogares, lo que deja una falsa sensación de estar consumiendo algo saludable. La gran oferta de productos sin sellos, pero altos en endulzantes puede aumentar la ingesta de estos aditivos por sobre los límites establecidos como inocuos y saludables. En diversos estudios se ha mostrado, además, la posible asociación de estos aditivos con resistencia a la insulina, alteraciones metabólicas y aumento de peso[11],[12],[13],[14]. Nuestro Chile se encuentra entre los países con mayor consumo de alimentos ultraprocesados[15] en América Latina, y es posible que con la reformulación de alimentos y la pandemia por COVID-19 hayan aumentado aún más estas cifras[16].
La Ley 20.606, o Ley de Etiquetado como se conoce, por primera vez se atrevió a poner la salud por encima de los intereses económicos, modificar los entornos alimentarios, entregando información equitativa, restringiendo la publicidad y mejorando los ambientes escolares. El 6 de septiembre recién pasado, se lanzó el libro “Ley de Etiquetado: la salud por sobre el negocio”[17], el que da cuenta del largo y complejo proceso de tramitación de esta Ley y del Reglamento que permitió su implementación. En este libro también se expone el choque de paradigmas detrás de este tipo de medidas, los que apuntan al corazón de los intereses económicos. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo indicar que los alimentos ultraprocesados sin sello tampoco son saludables?
La tarea no ha terminado, este fue un primer e importante paso para una alimentación más saludable y equitativa en Chile, pero es necesario desarrollar nuevas políticas que contribuyan a fortalecer la calidad de la alimentación en Chile mediante nuevas e innovadoras medidas que mejoren los entornos alimentarios y que privilegien la salud por sobre el negocio.
Por: Lorena Rodríguez Osiac, Deborah Navarro Rosenblatt, Natalia Gómez San Carlos
Publicado originalmente en Diario Uchile
