Un nuevo Policy Brief del Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones (GTOP) sugiere invertir más y plantea lineamientos en materia normativa, de gobernanza, financiamiento y participación ciudadana para avanzar hacia ciudades más activas y equitativas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona adulta debe realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos si es vigorosa. Esa es la recomendación, porque en la práctica estamos lejos de cumplirla. Más del 80% de los adultos en Chile no alcanza esas recomendaciones.
El problema no es menor porque todos los estudios muestran que la actividad física es una estrategia preventiva de alto impacto y una de las mejores inversiones en salud pública a la hora de reducir enfermedades cardiometabólicas, disminuir hipertensión, diabetes, obesidad y varios tipos de cáncer como el de mama, colon, endometrio, y renal. Mejora la salud mental al reducir síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Disminuye la mortalidad general.
Hasta ahora, todas las políticas públicas responsabilizan a las personas de manera individual por el sedentarismo que tienen, pero ignoran un factor determinante que impide o dificulta que las personas se muevan: el diseño del entorno urbano que habitan.
Investigadoras e investigadores del Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile, revisaron la evidencia descrita a nivel mundial y ahora proponen lineamientos concretos para transformar las ciudades chilenas en espacios que faciliten la vida activa
El nuevo Policy Brief “Promoción a la actividad física desde una perspectiva de diseño urbano: Propuesta para un Chile más activo y sano”muestra la evidencia internacional y señala que las ciudades pueden actuar como factor protector de la salud o, según su diseño, como una barrera que limita el movimiento cotidiano de las personas.
Un problema estructural, no individual
Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 90% de las mujeres y un 83% de los hombres no practican deporte ni realizan suficiente actividad física fuera del horario laboral. Cuando se considera únicamente la actividad física en tiempo libre, solo el 30% de los hombres adultos alcanza la meta recomendada por la OMS, mientras que apenas el 15,3% de las mujeres lo logra.
El Policy Brief sostiene que estas cifras no pueden comprenderse sin atender al entorno en que las personas habitan. Veredas deterioradas, ciclovías discontinuas y un acceso inequitativo a áreas verdes configuran un paisaje urbano que dificulta estructuralmente la vida activa.
Marianela Castillo-Riquelme, Economista en Salud y doctora en Salud Pública, una de las autoras del documento, subraya que este debate tiene una dimensión territorial que las políticas públicas han tendido a invisibilizar: “Este policy brief busca precisamente llenar ese vacío: integrar la salud pública con el urbanismo, la movilidad, la inclusión y las dinámicas sociales, entendiendo que la actividad física no depende solamente de decisiones personales, sino también de condiciones estructurales”, explica.
Para María José Arias, nutricionista y académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, “las causas de la inactividad física trascienden las decisiones meramente individuales, siendo el diseño y la seguridad del entorno urbano factores determinantes”. Y agrega, “la falta de infraestructura segura configura barreras urbanas y ambientales que restringen la movilidad cotidiana, dañan la autonomía funcional y afectan directamente la salud de la población””.
La fragmentación institucional como obstáculo
El documento identifica en la fragmentación institucional uno de los nudos críticos del problema. La coordinación entre los ministerios de Salud, Vivienda, Transporte y del Deporte es limitada, y los instrumentos disponibles operan con marcos técnicos y financieros no alineados.
A juicio de Marianela Castillo, esta dispersión tiene consecuencias directas sobre las posibilidades reales de la población. “La fragmentación institucional puede traducirse en programas poco coordinados, discontinuidad entre administraciones, pérdida de financiamiento y dificultades para implementar estrategias de largo plazo. Muchas veces existen iniciativas positivas, pero aisladas entre sí, lo que reduce su impacto potencial”, dice.
La investigadora añade que el desafío de fondo es avanzar desde esfuerzos dispersos hacia una política de Estado más articulada, “con financiamiento estable, metas compartidas y una visión de ciudad que ponga la salud y la equidad en el centro”.
Cuatro ejes de acción para un Chile más activo
Frente a este diagnóstico, el Policy Brief propone una estrategia articulada en cuatro ámbitos. En lo normativo y regulatorio, plantea armonizar leyes y manuales de planificación urbana entre los ministerios de Vivienda, Transporte y Obras Públicas, e implementar un programa nacional de infraestructura activa con veredas seguras, ciclovías y rutas de micromovilidad. En gobernanza, recomienda otorgar al SEVS atribuciones reales de coordinación intersectorial y conformar una mesa nacional que reúna a los ministerios involucrados, con participación de gobiernos regionales, municipios y sociedad civil. En financiamiento, propone fondos específicos y descentralizados para espacios públicos en zonas periféricas, con presupuestos participativos vinculantes y líneas permanentes para programas como Calles Abiertas Familiares o CicloRecreoVías.
Finalmente, en participación ciudadana, Arias Téllez explica por qué incorporar metodologías cualitativas como cartografías sociales y mapeos afectivos es indispensable: “Históricamente, la planificación urbana se ha construido desde un sujeto universal masculino, invisibilizando las necesidades de las mujeres, las disidencias y las diversidades”.
Referentes internacionales y mirada transdisciplinaria
El análisis incluye una revisión de experiencias en Londres, Bogotá, Países Bajos, Barcelona y Australia. Arias Téllez destaca aprendizajes concretos de cada contexto: de Londres, la adopción de marcos técnicos compartidos que faciliten la coordinación intersectorial; de Bogotá, la integración de la iniciativa ciudadana; de los Países Bajos, una gobernanza multinivel respaldada por financiamiento sostenido; de Barcelona, el valor de los pilotajes locales combinados con participación ciudadana; y de Australia, el rol estratégico de agencias de salud pública que actúen como puentes entre la evidencia científica, el financiamiento y la gestión municipal. “La gran lección internacional es que, para fomentar la actividad física a nivel poblacional, se requiere superar la fragmentación institucional mediante un enfoque multisectorial, financiamiento descentralizado y participación comunitaria real”, resume la investigadora.
Castillo-Riquelme concluye que “la evidencia científica reciente ha sido muy clara: cualquier nivel de actividad física es mejor que ninguno. Por eso creemos que este es un momento especialmente oportuno para avanzar hacia políticas urbanas más integradas, sostenibles y centradas en las personas”.
Por: Cecilia Yáñez, periodista VID
Publicado originalmente en: Noticias Uchile
