Hace diez años, Chile tomó una decisión que parecía difícil de imaginar: regular la producción de la industria alimentaria para proteger la salud de la población. Lo que comenzó como una política nacional terminó convirtiéndose en una referencia internacional, al imponer por primera vez un etiquetado de advertencia de nutrientes potencialmente dañinos para la salud (sodio, grasas saturadas, azúcares) y energía (calorías). La Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad no solo transformó la manera en que se presentan los alimentos en nuestro país, sino que también inspiró regulaciones similares en diversas naciones de América Latina y otras regiones del mundo.
Pero esta Ley no sólo abordó el etiquetado, información clave para la selección de la compra y consumo de alimentos, sino que también prohibió la publicidad dirigida a menores de 14 años y la venta en las escuelas, de alimentos potencialmente dañinos para la salud. Adicionalmente, esta Ley obliga a que toda la publicidad de los productos con sello “alto en” lleve un mensaje obligatorio de “alimento con sello alto en, evita su consumo”; además prohíbe la publicidad de estos productos en horario diurno en cine y televisión; y también prohíbe la publicidad de sucedáneos de leche materna. En otras palabras, fue una política integral que buscó intervenir simultáneamente distintos factores que influyen en las decisiones alimentarias de la población.
A diez años de su implementación, cabe preguntarse qué hemos aprendido. La primera lección es que las políticas públicas pueden modificar los entornos alimentarios. La evidencia disponible muestra que disminuyeron las ventas de algunos productos con sellos y que numerosas empresas reformularon sus alimentos para reducir nutrientes críticos. Estos cambios habrían sido difíciles de alcanzar únicamente mediante campañas educativas o apelando a la responsabilidad individual de las personas o de las industrias. Un reciente estudio muestra además que esta Ley contribuyó significativamente a modificar a la baja las trayectorias de peso infantil, lo que constituye un efecto protector para estos niños y niñas, no sólo de obesidad sino de todas las enfermedades crónicas asociadas a esta condición.
Sin embargo, también hemos aprendido que ninguna política, por exitosa que sea, puede resolver por sí sola un problema tan complejo como la obesidad. Chile continúa enfrentando cifras preocupantes. Como muestran las encuestas disponibles, cerca del 95% de la población no cumple las recomendaciones de las Guías Alimentarias para Chile, más del 70% de los adultos vive con exceso de peso y más de la mitad de los escolares presenta esta condición. Aunque necesitamos información más actualizada para evaluar plenamente la evolución de estos indicadores, resulta evidente que los desafíos persisten.
La propia implementación de la ley ha abierto nuevas preguntas. La reformulación de productos permitió reducir nutrientes críticos en numerosos alimentos, constituyendo un avance relevante, pero también dio paso a una creciente oferta de productos que, aun cuando cumplen con los criterios establecidos por la Ley, continúan siendo alimentos ultraprocesados con alta presencia de edulcorantes y otros aditivos, abriendo nuevos desafíos regulatorios y sanitarios, en atención a la evidencia creciente de asociación entre este tipo de productos y las enfermedades no transmisibles. Esto nos recuerda que las políticas deben evolucionar junto con las transformaciones del sistema alimentario y la evidencia científica.
La Ley 20.6060 sin duda no es suficiente para cubrir todas las barreras que tienen las personas para mantener una alimentación saludable. Enfrentar los problemas de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad (acceso económico) a los alimentos frescos, naturales y saludables, requiere políticas públicas complementarias a las ya implementadas. La falta de tiempo, la inequidad en la distribución de las tareas del hogar, los entornos comunitarios obesogénicos, la falta de espacios gratuitos para la práctica de actividad física, la construcción de ciudades poco amigables con las personas, entre muchos otros factores dificultan las decisiones saludables. Las posibilidades de alimentarse de manera saludable siguen distribuyéndose de manera desigual según el territorio y las condiciones sociales en las que viven las personas. Elegir no es un verbo que la mayor parte de nuestra población pueda aplicar, al menos no en la alimentación ni en la actividad física. Es responsabilidad del Estado favorecer las mejores decisiones, garantizando ambientes más saludables mediante regulaciones, leyes, planes y programas que aborden las principales causas, dejando de culpar a las personas por sus prácticas poco saludables. La Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos fue un excelente ejemplo de cómo el Estado puede ayudar a mejorar los entornos para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
Abordar la alimentación poco saludable, además de contribuir a combatir la obesidad, permitirá disminuir los casos de cáncer y enfermedades cardiovasculares que hoy afectan a un gran número de personas en nuestro país, sobrecargando el sistema de salud, debilitando la economía y el desarrollo y perjudicando la calidad de vida de nuestra población. Así como hay que preocuparse de aquellos/as que ya sufren estas enfermedades, dándoles atención oportuna y de calidad, también hay que preocuparse por las medidas preventivas efectivas para reducir los nuevos casos de estas condiciones.
Avanzar en la promoción de una vida saludable requiere fortalecer y complementar las políticas existentes. Facilitar el acceso económico a alimentos saludables, proteger y fortalecer las ferias libres, mejorar los entornos comunitarios, regular nuevas formas de publicidad digital, promover ciudades más caminables y generar mejores condiciones para conciliar trabajo, cuidados y alimentación son algunos de los desafíos que enfrentamos como sociedad.
La Ley 20.606 constituye un motivo de orgullo para Chile y una demostración concreta de que la regulación puede contribuir a mejorar la salud pública. Pero también nos recuerda que el trabajo está lejos de terminar. La obesidad es un fenómeno complejo, cuyas causas abarcan dimensiones biológicas, sociales, económicas, culturales y ambientales. Enfrentarla requiere actuar simultáneamente desde múltiples frentes.
El mejor homenaje que podemos rendir esta Ley en su décimo aniversario es celebrar sus logros y asumir el desafío de seguir construyendo políticas públicas basadas en evidencia. Solo así lograremos transformar los entornos en espacios más saludables, equitativos y protectores para toda la población.
Por : Lorena Rodríguez Osiac, Patricia Gálvez Espinoza y Daniel Egaña Rojas
Publicado originalmente en ElMostrador
