La literatura nos muestra que existen diversas estrategias que han demostrado ser exitosas para la promoción de la lactancia materna exclusiva (LME), tales como las campañas de comunicación masiva, los hospitales amigos de madres e hijos, la capacitación a profesionales de la salud, entregar asesoría a las madres y sus familias o el control regulatorio de la comercialización de leche de fórmula. Otras intervenciones que han mostrado ser efectivas tienen mayor relación con políticas de seguridad social como es la licencia postnatal pagada (LPP) (1). Estudios internacionales han mostrado que las mujeres con LPP de tres meses o más tienen más probabilidades de continuar amamantando por más tiempo, en comparación a las que retornan antes de los tres meses a trabajar (2,3).
Las semanas de LPP son muy variables entre los países, con algunos que disponen de 58 semanas como es el caso de Bulgaria, hasta otros que no tienen este beneficio como ocurre en Estados Unidos. En Chile, hasta el año 2011 la LPP era de 12 semanas. En ese año se aprobó la Ley 20.545, la que agregó 12 semanas adicionales a las ya existentes, dejando un total de 24 semanas (5 meses y medio) (4,5). Junto con extender la duración de la LPP, también se comenzaron a flexibilizar los requerimientos para acceder a este beneficio, como madres trabajadoras con contratos informales. Esto es relevante, dado que en Chile más de un 30% de la fuerza laboral femenina tiene trabajos informales (6). A pesar de estas modificaciones, solo un 20% de las madres afiliadas a FONASA tienen acceso a LPP.
La tesis de Doctorado en Salud Pública de Deborah Navarro-Rosenblatt evaluó, a través de una serie de tiempo interrumpida entre los años 2009 y 2020, si la LPP tuvo un impacto positivo sobre la LME. Lo que se observó es que a nivel país no se encontró un cambio significativo en las cifras de LME (de 49.2% seis meses antes a 51.2% seis meses después de la implementación de la ley). Tampoco se encontraron diferencias geográficas o por nivel socioeconómico. Posibles explicaciones podrían ser el bajo porcentaje de acceso al beneficio del LPP, así como su duración que, al ser de cinco meses y medio, impide llegar a los seis meses de LME recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En conclusión, a pesar de que la LPP ha mostrado ser una gran estrategia pública para la promoción de la LME, en Chile no comprobamos su impacto. Las políticas públicas debieran propender a garantizar el acceso universal al beneficio, así como a que su duración sea efectiva para mantener la LME hasta a lo menos los primeros seis meses de vida.
Por: Deborah Navarro-Rosenblatt, MSc. PhD, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile y María Luisa Garmendia, MPH. PhD, Profesora Asociada, Unidad de Nutrición Pública, CIAPEC, INTA – Universidad de Chile
Publicado originalmente en Noticias Uchile
