“La Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguros y nutritivos, para así satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (1)
La inseguridad alimentaria se entiende como la interrupción parcial o total en el acceso a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, donde su expresión más extrema es la subalimentación o hambre, definida como la condición de un individuo cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionarle la cantidad de energía alimentaria necesaria para llevar una vida normal, activa y sana. (1,2) .
Las consecuencias directas de la inseguridad alimentaria son la desnutrición calórico-proteica y las deficiencias de micronutrientes, pero también, el exceso de peso por el consumo de alimentos altos en energía, grasas saturadas y azúcares y de bajo aporte nutricional.
Ya en el año 2019, la FAO señalaba que la inseguridad alimentaria moderada o grave en la Región de América Latina y El Caribe había aumentado considerablemente pasando de un 26,2% a un 31,1% entre los trienios 2014-2016 y 2016-2018. Este incremento significó que 32 millones de personas se sumaran a los casi 155 millones que ya vivían con inseguridad alimentaria (3).
Aunque comparado con la Región, Chile posee buenos indicadores, la situación no deja de ser preocupante. Antes de la pandemia cerca de 600 mil personas sufrían de inseguridad alimentaria severa, mientras que más de 2,5 millones presentaban inseguridad alimentaria moderada o severa (3). Sin embargo, esta situación no es ampliamente conocida por la población en general, ni difundida a nivel académico, además de no ser un tema de salud pública actual.
Sin embargo, a propósito de la pandemia por COVID-19, se proyecta un importante aumento del número de personas con inseguridad alimentaria. Así lo ha reconocido Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, quien ha señalado que la inseguridad alimentaria severa podría llegar a afectar a un millón de personas en nuestro país, por lo que se requieren acciones inmediatas para prevenirlo y abordarlo (4).
Una forma histórica en que la sociedad chilena ha respondido a situaciones de crisis alimentarias son las ollas comunes. De origen sindical, las ollas son una forma de organización social, basada en la acción colectiva supra familiar, enfocadas en enfrentar momentos en que la disponibilidad y acceso a alimentos se ha visto limitada (5). En la década de los sesenta, familias residentes en un mismo barrio se organizaban para sumar sus escasos alimentos, esfuerzo y trabajo para cocinar en conjunto y satisfacer, aunque fuera en parte, sus necesidades alimentarias y nutricionales. Posteriormente, durante la década de los setenta y ochenta, en medio de la crisis económica, las ollas comunes resurgieron como solución parcial para apaciguar los graves problemas de alimentación que sufría la población (5). Desde aquella época y hasta ahora, han sido principalmente mujeres las que han llevado la iniciativa de las ollas comunes, entregando su trabajo no remunerado al bienestar de los más necesitados.
En la actual pandemia, la visibilidad de las ollas comunes ha reflotado en el imaginario público. Según la fundación “Todos a la Mesa” (6), en el Chile actual están operando más de 430 ollas comunes, que entregan más de 400 mil raciones semanales de alimento. Estas ollas son organizadas en su mayoría por mujeres, juntas de vecinos/as y redes locales, y se proveen de donaciones de las mismas comunidades. Recientemente se ha creado la plataforma “La olla de Chile”, la que reúne a más de 245 iniciativas de ollas comunes, con el fin de dar a conocer su ubicación para que la gente que lo necesita recurra a ellas y también para organizar las donaciones (7).
En una reciente consulta ciudadana sobre “Respuestas comunitarias a la pandemia Covid-19”, elaborada por cinco universidades nacionales, se evidenció que la principal respuesta que articula la comunidad se vincula a temas de seguridad alimentaria. De 1202 respuestas analizadas, 595 realizaron acciones de recolección, compra y distribución de alimentos, y 196 afirmaron participar en ollas comunes (8). Como el mismo documento concluye, la preminencia de estas acciones en la respuesta comunitaria “da cuenta que ésta no sólo representa una emergencia sanitaria, sino que también actúa profundizando la crisis social y económica vivida en los territorios chilenos” (8).
La situación actual desenmascara, por una parte, la fragilidad alimentaria de la población, pero por otra, evidencia la gran capacidad de resiliencia colectiva y cómo la comunidad articula respuestas echando mano a saberes históricamente instalados.
Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario incorporar con urgencia acciones institucionales y gubernamentales para abordar la crisis alimentaria desencadenada por la pandemia, la que afecta a parte importante de la población, evitando así que las consecuencias de la inseguridad alimentaria se agudicen. Asimismo, se hace fundamental reconocer las acciones comunitarias como estrategias autónomas, efectivas para el enfrentamiento de la crisis social y sanitaria, facilitando acciones para su fortalecimiento.
Por: Lorena Rodríguez Osiac, Deborah Navarro Rosenblatt, Daniel Egaña Rojas. Integrantes Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones de la Universidad de Chile (GTOP-UChile).
Publicado originalmente en Noticias Uchile
