La investigación “Derecho a la alimentación en la Constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos”, fue desarrollada en 2020 por un grupo de académicos y académicas de la U. de Chile.
Este jueves 29 de abril fue presentado el estudio cualitativo desarrollado por la Universidad de Chile que abordó los fundamentos jurídicos, sociales y nutricionales y una propuesta de texto, para incorporar el derecho a la alimentación en la próxima discusión constituyente en Chile.
La investigación, denominada “Derecho a la alimentación en la Constitución chilena: fundamentos y conceptos participativos”, fue desarrollada durante el año 2020 por un grupo de académicos y académicas, pertenecientes al Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones – GTOP- instancia que está conformada por equipos de distintas disciplinas de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Salud Pública y de la Facultad de Derecho.
El estudio, de carácter regional, contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
El informe afirma que la Constitución chilena actual presenta un enfoque más económico que social y que en Chile se privilegian las exportaciones. Muchos actores entrevistados y entrevistadas – entre quienes se encuentran actores clave de la cadena alimentaria en Chile, incluyendo a la sociedad civil, la academia, organismos internacionales, parlamentarios, comerciantes y productores de alimentos, y autoridades nacionales y locales- relevan la necesidad de que en la discusión constituyente se incorporen los distintos actores del sistema alimentario.
Asimismo, se indica que al incorporar el Derecho a la Alimentación en la nueva Constitución, se podrá dar continuidad a las políticas públicas frente a cambios políticos y gubernamentales, y se priorizarán los problemas alimentario-nutricionales.
La investigación interdisciplinaria consideró la revisión de Constituciones de 89 países de América y el Caribe, todos los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 14 países del resto del mundo, de los cuales sólo 32 países (36%) cuentan con el derecho a la alimentación explícito en su Constitución. Estos abordaban en distinta magnitud las temáticas de aseguramiento de la seguridad e inocuidad alimentaria, alimentación saludable y soberanía alimentaria. Otro grupo de países, sólo hacía mención del aseguramiento propiamente tal.
La Dra. Lorena Rodríguez, investigadora principal y académica de la Escuela de Salud Pública, destacó que con este estudio se logró una mirada integral a través de la revisión de más de cien distintos estudios internacionales respecto a la alimentación, además de las constituciones. Junto a esto, relevó que el material recoge la voz de personas del ámbito jurídico, nutricional y productivo de distintos sectores del gobierno, sociedad civil, campesinos y campesinas, pescadores, feriantes, quienes “dieron sus miradas respecto a por qué es importante incorporar el derecho a la alimentación en la constitución, qué es lo que se va a garantizar, para quienes y en calidad de qué”.
En tanto, según el profesor Jorge Aranda, de la Facultad de Derecho y co-investigador, “el estudio es importante porque revisa otros textos constitucionales que han constitucionalizado el derecho a la alimentación, los beneficios que ha traído, y cómo ello se contrasta con la realidad nacional, que ha pasado de problemas de desnutrición a la malnutrición”.
Lo anterior, agrega, se ve reflejado en nuestro país, ya que de la mano de sus cambios demográficos y económicos, Chile pasó rápidamente de tener una alta prevalencia de desnutrición hace unos 30-40 años, a tener actualmente, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con una dieta excesiva en alimentos ultraprocesados y de muy mala calidad nutricional, determinadas por profundas inequidades, transformaciones sociales y cambios en el estilo de vida, las normas culturales y las prácticas de comportamiento, lo que se ve agravado por el impacto económico de la crisis sanitaria.
El informe completo se puede descargar aquí:http://uchile.cl/sp174818
Publicado originalmente en El Ciudadano
