Las crisis sociales, económicas, sanitarias y territoriales del mundo de la última década, han generado un contexto y entorno que han promovido el desarrollo de la obesidad en las poblaciones. Según un reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud, existen más de 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños con obesidad. Por ello, estima que, en el año 2025, unos 167 millones de personas tendrán peor salud por motivos de sobrepeso u obesidad.
Un escenario así requiere de cambios profundos. Se necesitan propuestas desde la alta política que sean capaces de trabajar este problema en las distintas etapas de ciclo de vida. Es decir, se debe apostar hacia el trabajo intersectorial, conectando diversos ministerios relacionados con la promoción de la actividad física, nutrición, entre otros estilos de vida, tales como Ministerio de Educación (JUNAEB, Plan Demos Vuelta a la Manzana), Ministerio de Desarrollo Social (Estrategia Elige Vivir Sano), Ministerio de Salud (Programa Vida Sana), entre otros.
Este es un problema global y complejo que requiere transversalizar políticas públicas para lograr cambios sustantivos. Por ello, es crucial que las personas con discapacidad también sean consideradas en la conmemoración del día de la obesidad del pasado 04 de marzo. Según el “Global report on health equity for persons with disabilities”, recientemente publicado el 2022, se ha reportado que las personas con discapacidad presentan un desproporcionado aumento del riesgo a enfermedades crónicas no transmisibles. Especialmente, se registra mayor riesgo de inactividad física, sobrepeso, obesidad, inseguridad alimentaria, entre otros.
De este modo, es crucial articular la institucionalidad de discapacidad con estos programas y agendas sobre la obesidad. Si bien, la Ley N°20.422, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) busca promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, esta no es incorporada de manera sustantiva en estos programas. Estos desafíos requieren conectar la experiencia de organizaciones de personas con discapacidad y del SENADIS en ajuste de estas estrategias como un asunto público, no de adaptaciones individuales. Estamos hablando de una población nacional de personas con discapacidad de, al menos, 2 millones 703 mil 893 (17,6%) de chilenos.
Considerar la accesibilidad y la diversidad de los distintos cuerpos y funcionalidades, implica contar con ajustes concretos que puedan asegurar igualdad de oportunidades de personas con discapacidad en estas políticas. Por ejemplo, se necesita que todo el material y actividades puedan estar en formatos audibles, braille, lengua de señas y lectura de fácil comprensión. Otro ejemplo, puede ser que se incorporen a personas con discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de estas estrategias. Así, se avanza en la perspectiva de derecho y el diseño de iniciativas pertinentes para las personas con discapacidad.
Una agenda global por la prevención de la obesidad, de diseño complejo y largo plazo, requiere no dejar a nadie atrás. Implica reformular la forma de considerar la diversidad de nuestra sociedad. Necesita que nos comprometamos con la diversidad de cada persona. Carecer de accesibilidad, no es un error, es sostener la exclusión social.
Por: Álvaro Besoain Saldaña
Publicado originalmente en diarioUchile
