Discriminación, dificultades para acceder a información y falta de educación sexual son algunas de las principales barreras identificadas por el grupo interdisciplinario comandado por la Universidad de Chile, en colaboración con miembros de la sociedad civil. El documento realiza un diagnóstico del país en torno a esta materia para abrir el debate a partir de la noción de derechos humanos.

“Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad” es el nombre del nuevo policy brief publicado por un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile con el apoyo de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). El documento realiza un diagnóstico sobre los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en esta materia y plantea propuestas de política pública para el país.

De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, efectuado en 2015 por el Servicio Nacional de Discapacidad, en Chile hay un total de 2.836.818 personas en esta condición, de las cuales cerca de 2,6 millones corresponden a individuos adultos. Frente a este escenario, un grupo de académicas y académicos de la Universidad de Chile, en colaboración con miembros de la sociedad civil, elaboraron este policy paper con el propósito de ampliar el debate en esta materia, a partir de la noción de derechos humanos. 

El escrito fue desarrollado de manera intersectorial e interdisciplinaria para identificar de manera robusta los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) de las personas con discapacidad (PcD) en Chile.

Dentro de los autores del documento, se encuentran académicos y académicas de diversas disciplinas de la Universidad de Chile, así como también, integrantes de organizaciones enfocadas en temáticas que abordan la realidad de las personas con discapacidad en Chile, tales como el Núcleo Desarrollo Inclusivo, Viviendo con Demencia I+D, Agrupación Líderes con Mil Capacidades y la Red Nacional de Consejos Comunales de Discapacidad. 

Situación país

El año 2010 entró en vigencia la Ley 20.422, que decreta el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y busca asegurar el disfrute de sus derechos, eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. A pesar de la promulgación de esa norma, en la actualidad siguen persistiendo diversos desafíos, barreras y obstáculos que impiden que las PcD puedan llevar a cabo sus vidas de manera regular.

Dentro de ellas, el documento indica que existe una alta discriminación a las personas con discapacidad en los debates públicos sobre normativas y que también enfrentan diversas barreras para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Según uno de los autores del policy brief, el académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile Álvaro Besoain-Saldaña, esto se debe a que “en Chile no hay un programa transversal que aborde estas temáticas. Es un punto importante porque culturalmente la discapacidad en Chile no reconoce estos derechos o suelen ser muy incipientes, lo que termina impactando en la falta de herramientas y desconocimiento de la información adecuada”.

Principales barreras identificadas

La discriminación se posiciona como una de las principales barreras que el policy brief aborda, debido a la existencia de estereotipos hacia las PcD y estigmas en cuanto a la toma de sus decisiones en el ejercicio de su sexualidad. Para Cecilia Morovic, una de las autoras del documento, integrante de la Red Nacional de Consejos Comunales de Discapacidad y presidenta del Consejo Regional de Ciegos-Araucanía, esto se debe a que, “en general, es un tema que no se aborda y con mayor razón cuando se trata de personas con discapacidad. Es un tema muy tabú todavía en nuestra sociedad”. 

Otra de las limitantes que se evidencia es el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva. De acuerdo a la encuesta realizada en 2016 por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), un 25,4% de PcD declara haberse sentido discriminada en algún un centro de salud en Chile.

Dentro de los aspectos de la atención en que más brechas persisten, el escrito plantea que se encuentra “el manejo de información sobre prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual y sexualidad en general”. Asimismo, la misma encuesta de SENADIS indica que el 25% de las PcD consideran al sistema educacional como una barrera, debido a la estigmatización y prácticas sobreprotectoras que limitan los espacios de aprendizaje en estas materias.

“Porque la infantilización, las miradas centradas en la discapacidad, en lo que les falta a las personas, y no en su potencialidad o en su característica primero de ser persona y después presentar una discapacidad, nos puede ayudar a cambiar esta perspectiva”, comentó el profesor Álvaro Besoain-Saldaña.

Enfrentando el desafío

El policy brief “Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad” busca ser una guía para avanzar hacia la implementación de políticas públicas en la materia. En este sentido, el documento plantea una articulación entre las áreas de educación y salud para un cambio cultural sustantivo en la sociedad, así como también la promoción de medidas y capacitación para el desarrollo integral, tanto de las personas con discapacidad como de quienes los rodean. 

“Un ejemplo que puedo dar es que actualmente existe una muy baja existencia de sillas ginecológicas para que mujeres con discapacidad física se hagan su Papanicolaou (PAP). Por ello, quien debe tener esto en cuenta son los médicos, los equipos de salud, pero también el arquitecto, el ingeniero, los tomadores de decisión”, concluyó Álvaro.

Adicionalmente,la subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y representante del comité editorial del policy brief, Lorena Rodríguez, comentó que este documento “hace una revisión de todas las barreras que existen actualmente para que se ejerza este derecho a la salud sexual y reproductiva por parte de las personas con discapacidad”.

Asimismo, Pablo Riveros, jefe de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la VID, expresó que el escrito busca apoyar a “las personas de los distintos ministerios y los gobiernos locales, pero también a los mismos activistas que tienen como foco el derecho para las personas con discapacidad”.

Para ello, el profesor Besoain-Saldaña explicó que la disminución de barreras para el ejercicio de los DSR de las PcD requiere ser abordado desde un trabajo estatal intersectorial. “Los mitos y las construcciones de prejuicios, estigmas, hay que asumirlos como un proceso histórico, que también implica cambios no solamente dentro de esta generación, sino que cambios de distintas visiones intergeneracionales”, manifestó.

Este trabajo implica, además, “informarnos y elaborar campañas, que las personas entiendan que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad”, culminó Cecilia Morovic.

El documento se encuentra disponible para su visualización y descarga al costado derecho de la pantalla.

Por: Comunicaciones VID

Publicado originalmente en Noticias UChile