Han pasado algunos días desde el inicio del solsticio de invierno, momento de escucha y renovación con la naturaleza -particularmente significativo para muchos pueblos indígenas del sur andino-, y es oportuno detenernos a reflexionar sobre cómo concebimos la salud en Chile.

Desde una perspectiva de salud colectiva, que reconoce que nuestras formas de vivir y enfermar están determinadas por condiciones sociales, ambientales, culturales y políticas, surge una pregunta ineludible: ¿hemos sido capaces de responder con pertinencia cultural a los problemas de salud que afectan transversalmente a la población? La persistencia de políticas uniformes, sin un real esfuerzo por comprender la diversidad territorial y cultural del país, revela que aún estamos lejos de construir respuestas verdaderamente pertinentes.

Según el Mapa Nutricional de Junaeb 2024, uno de cada dos niños, niñas y adolescentes presenta malnutrición por exceso, y sin embargo las políticas siguen apuntando al cambio de conductas individuales, sin atender los determinantes sociales, territoriales y culturales que sostienen este fenómeno. Sabemos que estos NNA poseen mayor prevalencia de malnutrición por exceso si pertenecen a sectores socioeconómicos más vulnerables (52,5% vs 47,8%), si,viven en zonas rurales (55,8% vs 50,4%), o si pertenecen a un pueblo originario (56,5% vs 50,4%).Comida chilena

En este escenario, el reciente Decreto 21, que aprueba el Reglamento sobre el Derecho de las Personas Pertenecientes a los Pueblos Indígenas a Recibir una Atención de Salud con Pertinencia Cultural, ofrece una oportunidad inédita.

Más allá de garantizar derechos, este reglamento puede ser una llave para repensar cómo diseñamos nuestras políticas públicas de salud: no como soluciones universales aplicadas desde el centro hacia las regiones, sino como estrategias construidas desde los territorios, en diálogo con los saberes, prácticas y formas de vida de las comunidades indígenas.

El Decreto 21 reconoce explícitamente que la salud no puede entenderse sin su dimensión cultural. Esta afirmación, que parece evidente, ha estado ausente en la mayoría de las políticas sobre obesidad.

Procesos históricos con reciente evidencia destacan que pueblos indígenas en Chile han vivido procesos de transformación alimentaria marcados por la colonización, la pérdida de soberanía alimentaria y el empobrecimiento de las dietas tradicionales. A esto se suma el abandono del Estado y la escasa infraestructura pública que promueva la actividad física y el acceso a alimentos frescos y saludables.

La implementación efectiva del Decreto 21 puede marcar un cambio de paradigma. No se trata sólo de incorporar “gestores culturales” en los centros de salud, sino de co-producir políticas de prevención con las comunidades, reconociendo y fomentando sus sistemas alimentarios tradicionales, sus formas de crianza y sus conocimientos sobre salud y cuerpo. Las ferias locales, los cultivos comunitarios, las prácticas ancestrales de recolección, la cocina tradicional y el uso del espacio público son parte de las soluciones.

Chile tiene hoy la oportunidad de asumir que la obesidad infantil no se resuelve con prácticas individuales, como planes educativos, pautas de alimentación o charlas. Aunque necesarias, tampoco son suficientes las políticas estructurales como la ley 20.606 que, entre otras cosas, establece etiquetados de advertencia sobre alimentos “Altos en”. Necesitamos transformaciones profundas en los entornos de vida y los sistemas alimentarios. Comida chilena

Eso implica asegurar acceso equitativo a alimentación saludable, fortalecer la educación alimentaria con enfoque comunitario, garantizar espacios para la recreación segura y activa, y, sobre todo, construir políticas en colaboración con los pueblos indígenas y otras comunidades históricamente excluidas. El Decreto 21 nos recuerda que la salud es un derecho colectivo. Y que la diversidad cultural no es una barrera para las políticas públicas, sino una riqueza desde la cual repensar el bienestar.

Por: Álvaro Besoain y Daniel Egaña

Publicado originalmente en eldesconcierto.cl

Los estudios genéticos muestran que la población chilena tiene en promedio sobre un 44% de ADN indígena, en tanto que nueve de cada diez chilenos descendemos de una mujer indígena. A su vez, las comunidades indígenas actuales presentan un alto grado de mestizaje con los diferentes grupos que han poblado nuestro país desde la llegada de los españoles.

Respecto a las cifras de obesidad en Chile, seguimos tendencias muy similares. Un 74% de la población adulta chilena presenta obesidad y sobrepeso, siendo el primer lugar de los países de la OCDE en el año 2019. En tanto, el informe “Situación de salud de los pueblos originarios en Chile” del Ministerio de Salud del 2018 informa que los individuos declarados pertenecientes a pueblos indígenas presentan porcentajes más altos de obesidad en comparación con la población que no declara adscripción indígena, mientras que las enfermedades crónicas no transmisibles son similares en ambos grupos.

Asimismo, las mujeres indígenas presentan mayores frecuencias de obesidad en todos los tramos etarios, en comparación con las mujeres declaradas no indígenas chilenas, lo que se reproduce para el ámbito de la infancia a nivel nacional donde recientes indagaciones en comunidades mapuches, muestran que solo por el hecho de ser indígena, un/a niño/a presenta un 6% más de posibilidad de presentar obesidad en comparación con su par no indígena.

¿Es la raza la mala? Así lo habríamos pensado hace cien años atrás, en donde el paradigma europeo/racista era la forma imperante para entender y explicar las disparidades entre los diferentes grupos que poblaban nuestros territorios, donde los argumentos eran que cualquier tipo de anormalidad no se explicara por razones sociales o ambientales, sino que era una condena biológica, que el tiempo y el progreso de las razas superiores irían haciendo desaparecer. Ideas arraigadas que fueron bien acogidas en Chile para juzgar la situación de los sectores marginales que incluían a los grupos indígenas, campesinos, mineros y nuevas poblaciones urbanas, y así desligar de toda responsabilidad a los gobiernos de entonces, por las precarias condiciones en las que vivían estos grupos.

Este pensamiento determinista biológico llevó a que, en la década de 1960, en los albores de la pandemia de la obesidad, un investigador propusiera, al ver el alto porcentaje de obesidad de grupos indígenas americanos, polinésicos y australianos, que estos grupos habrían evolucionado con ventajas adaptativas para acumular grasa corporal en comparación con otras poblaciones. Tras generaciones de escasez durante la prehistoria, estos grupos habrían evolucionado seleccionando aquellos individuos que presentaran “genes” ahorradores. Estas variaciones genéticas favorables en el pasado, sin embargo, se convertirían en la actualidad en desventajas, dada la abundancia de alimentos, manifestándose en los altos niveles de sobrepeso y obesidad.

Solo fue necesario un par de décadas para mostrar que este “genotipo ahorrador” no estaba presente solo en estos grupos supuestamente desfavorecidos desde la prehistoria, sino que era constitutivo de nuestra naturaleza humana. No era necesario que se dieran situaciones de privación durante generaciones, sino que la presencia de condiciones privativas durante el desarrollo tanto en el vientre materno como en los primeros años de vida, podían provocar el desarrollo de diferentes enfermedades en la vida adulta.

Esta nueva visión generó un nuevo paradigma que ha mostrado la plasticidad que tenemos los humanos durante nuestro desarrollo y curso vital, en donde el ambiente y la genética se entrelazan y afectan. Esta nueva visión muestra cuán importantes son las desigualdades sociales en el origen y sus efectos en las disparidades de salud. Sin embargo, actualmente aún hay quienes piensan que las desigualdades “raciales” de salud, tales como la enfermedad cardiovascular, la diabetes y ciertos cánceres, entre otros, serían evidencias claras de las diferencias genéticas entre los grupos y sus diferentes capacidades “raciales” de adaptarse.

Por lo mismo es importante recalcar que es son los determinantes sociales los que otorgan las brechas de desigualdades en salud. Tenemos que poner atención sobre cuánto afecta el ambiente y la sociedad y como las condiciones de vida son causas directas sobre el bienestar, corporalidad y salud.

La raza fue un concepto que durante siglos permitió sostener razonamientos que fomentaron la desigualdad y que profundizaron niveles de pobreza y que hoy se expresan en quienes encarnan un mayor índice de sobrepeso/obesidad. Es vital reconocer y corregir las desigualdades que tienen los pueblos indígenas actuales frente al acceso y disponibilidad de atención médica, alimentos saludables y no contaminados, con precios accesibles, entre otros. Focalizar programas e intervenciones con este tipo de población mostrando enfoques selectivos y de pertenencia cultural son desafíos necesarios y urgentes para poder revertir las cifras que expusimos donde lo indígena concentra mayores índices de una pandemia global como el sobrepeso/obesidad pero que les aqueja con mayor radicalidad. El sector sanitario en conjunto con el académico y político deben trabajar de manera conjunta en la reducción de estas desigualdades de salud.

Por:  Rodrigo Retamal y Carolina Franch

Publicado originalmente en Diario UChile