El Grupo Transdisciplinario para la Investigación, Docencia y Extensión en Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile presentó el Policy Brief “Promoción de la actividad física desde una perspectiva del diseño urbano: Propuestas para un Chile más activo y sano”, un documento que reúne evidencia científica y recomendaciones dirigidas a fortalecer las políticas públicas en materia de planificación urbana, movilidad activa y salud.
La promoción de la actividad física trasciende las decisiones individuales. La evidencia científica muestra que las características del entorno urbano influyen directamente en las oportunidades que tienen las personas para caminar, desplazarse en bicicleta, acceder a espacios públicos seguros y desarrollar una vida físicamente activa. Bajo esta premisa, investigadores e investigadoras de GTOP elaboraron el Policy Brief “Promoción de la actividad física desde una perspectiva del diseño urbano: Propuestas para un Chile más activo y sano”, un documento que busca aportar evidencia y recomendaciones concretas para fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas.
El documento fue desarrollado a través de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, por Marianela Castillo Riquelme, Lorena Rodríguez Osiac, María José Arias Téllez, Rebeca Silva Roquefort, Álvaro Besoain-Saldaña y Rodrigo Mora Vega, quienes integran GTOP, grupo transdisciplinario que reúne conocimientos provenientes de diversas disciplinas, entre ellas salud pública, nutrición, arquitectura, ciencias sociales, economía y planificación urbana.
Durante la presentación del documento, la autora principal del documento, Marianela Castillo explicó que el principal desafío consiste en dejar atrás una mirada centrada en la responsabilidad individual “La actividad física no depende únicamente de decisiones individuales, sino de cómo diseñamos nuestras ciudades y de las oportunidades que aquellas ofrecen para caminar, pedalear, jugar o desplazarse de manera segura.”
La investigadora señaló además que Chile presenta altos niveles de inactividad física y que más del 90% de la población vive en zonas urbanas, lo que hace imprescindible incorporar la planificación urbana como un componente estratégico para la promoción de la salud. El Policy Brief propone actuar sobre cuatro ámbitos prioritarios: el marco normativo y regulatorio, la gobernanza institucional, el financiamiento y la participación social, con el propósito de favorecer ciudades que incentiven tanto la actividad física recreativa como el transporte activo.
Una agenda intersectorial para transformar los entornos urbanos
El lanzamiento reunió a representantes de distintas instituciones públicas, quienes coincidieron en que promover la actividad física requiere una acción coordinada entre los sectores de salud, vivienda, transporte, deporte, gobiernos regionales y municipios.
La directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y coautora del Policy Brief, Dra. Lorena Rodríguez Osiac, destacó el carácter transdisciplinario del trabajo desarrollado por GTOP y la perspectiva poblacional de los problemas de salud pública.
“La gran relevancia de haber hecho este esfuerzo de un reporte de política sobre actividad física con un enfoque estructural y de infraestructura, en este caso, es que lo hemos hecho desde distintas disciplinas. Aquí compartimos arquitectos, gente de las ciencias sociales, gente de la salud pública, de la economía, de la medicina y de la nutrición, entre otros. Eso hace más valioso un documento que integra miradas diversas”.
Durante el conversatorio, las representantes de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Salud y Deporte y del Gobierno de Santiago valoraron que el documento sitúe el diseño urbano como un determinante clave de la salud y que entregue recomendaciones concretas para avanzar hacia ciudades más activas, seguras e inclusivas. Asimismo, coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial, mejorar los mecanismos de financiamiento para infraestructura urbana orientada a la movilidad activa y avanzar hacia políticas públicas sustentadas en evidencia científica.
Fue así como, la Jefa del Departamento de Planificación Regional del Gobierno de Santiago, Isabel Brain, valoró el aporte del Policy Brief al incorporar una mirada que vincula la planificación urbana con la salud pública. En su intervención destacó que el documento permite desplazar el foco desde la responsabilidad individual hacia las condiciones estructurales que determinan la actividad física de la población.
“No se le puede pedir al ciudadano que sea un héroe y camine bajo el sol o por el borde de una autopista para promover la movilidad activa. El desafío es lograr que caminar o usar la bicicleta sea la forma más eficiente, rápida y confortable de desplazarse”. Brain también enfatizó la necesidad de avanzar hacia ciudades que reduzcan las barreras para la movilidad activa y favorezcan entornos urbanos que promuevan la salud y el bienestar de las personas.
Por su parte, Catherine Ortega, Encargada del Equipo de Inclusión Social del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señaló que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer el trabajo intersectorial y considerar las distintas realidades territoriales del país al momento de diseñar políticas públicas.
“Nos falta todavía llegar a una mirada que integre lo que ocurre a nivel nacional, regional y comunal, entendiendo que las dinámicas y necesidades de los territorios son distintas y que no todo ocurre en las grandes ciudades”. Asimismo, destacó la importancia de incorporar procesos de participación ciudadana vinculante y reconocer las necesidades específicas de comunidades urbanas, rurales y localidades más alejadas.
Desde el Ministerio de Salud, Patricia Zamora, Jefa del Departamento de Promoción de la Salud y Participación de la Subsecretaría de Salud Pública, valoró que el documento entregue propuestas concretas para fortalecer las políticas públicas orientadas a la promoción de la actividad física.
“Es importante que tengamos políticas públicas muy concretas. Lo que nos falta es acción”. La autoridad agregó que avanzar en esta materia requiere fortalecer la promoción de la salud, generar evidencia robusta y aumentar la inversión pública destinada a prevenir las enfermedades antes que tratarlas.
En tanto, Paula Cajas, Encargada del Área Política Intersector y Estudios del Ministerio del Deporte, destacó que el Policy Brief instala una visión distinta sobre la promoción de la actividad física, al situar el entorno urbano como un elemento determinante para favorecer estilos de vida activos.
“Tenemos que dejar de ver la actividad física como una conducta individual y empezar a mirarla como un problema de entorno, de equidad territorial y también de gobernanza pública”. La representante del Ministerio del Deporte subrayó además que avanzar en este ámbito exige una coordinación efectiva entre distintos sectores del Estado y objetivos compartidos para generar ciudades que faciliten la movilidad activa y el acceso equitativo a espacios públicos de calidad.
Finalmente, Rodrigo Mora Vega, arquitecto, académico de la Universidad de Chile e integrante del equipo autor del Policy Brief, destacó que Chile ya cuenta con experiencias exitosas que demuestran el potencial de la colaboración entre distintos sectores para promover la actividad física, pero advirtió la necesidad de asegurar su continuidad mediante políticas públicas sostenidas en el tiempo. Mora enfatizó que fortalecer este tipo de iniciativas representa una oportunidad concreta para avanzar hacia ciudades más saludables y activas, consolidando estrategias que integren la planificación urbana, la movilidad activa, la promoción de la salud y la seguridad de los espacios públicos mediante un trabajo coordinado entre las distintas instituciones del Estado.
Con este nuevo documento, GTOP continua en el compromiso de generar evidencia orientada a apoyar el diseño de políticas públicas que aborden la obesidad y otros desafíos de salud desde sus determinantes más profundos y con una visión transdisciplinaria, intersectorial, y con participación ciudadana.
El Policy Brief “Promoción de la actividad física desde una perspectiva del diseño urbano: Propuestas para un Chile más activo y sano” se encuentra disponible para descarga gratuita aquí. https://libros.uchile.cl/1583
Y puedes revivir el registro audiovisual en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/live/v-bAPxubAoE?si=uCZhz-2TGkTIMqu8
Por: Verónica Zúñiga, comunicaciones GTOP
]]>Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona adulta debe realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos si es vigorosa. Esa es la recomendación, porque en la práctica estamos lejos de cumplirla. Más del 80% de los adultos en Chile no alcanza esas recomendaciones.
El problema no es menor porque todos los estudios muestran que la actividad física es una estrategia preventiva de alto impacto y una de las mejores inversiones en salud pública a la hora de reducir enfermedades cardiometabólicas, disminuir hipertensión, diabetes, obesidad y varios tipos de cáncer como el de mama, colon, endometrio, y renal. Mejora la salud mental al reducir síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Disminuye la mortalidad general.
Hasta ahora, todas las políticas públicas responsabilizan a las personas de manera individual por el sedentarismo que tienen, pero ignoran un factor determinante que impide o dificulta que las personas se muevan: el diseño del entorno urbano que habitan.
Investigadoras e investigadores del Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile, revisaron la evidencia descrita a nivel mundial y ahora proponen lineamientos concretos para transformar las ciudades chilenas en espacios que faciliten la vida activa
El nuevo Policy Brief “Promoción a la actividad física desde una perspectiva de diseño urbano: Propuesta para un Chile más activo y sano”muestra la evidencia internacional y señala que las ciudades pueden actuar como factor protector de la salud o, según su diseño, como una barrera que limita el movimiento cotidiano de las personas.
Un problema estructural, no individual
Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 90% de las mujeres y un 83% de los hombres no practican deporte ni realizan suficiente actividad física fuera del horario laboral. Cuando se considera únicamente la actividad física en tiempo libre, solo el 30% de los hombres adultos alcanza la meta recomendada por la OMS, mientras que apenas el 15,3% de las mujeres lo logra.
El Policy Brief sostiene que estas cifras no pueden comprenderse sin atender al entorno en que las personas habitan. Veredas deterioradas, ciclovías discontinuas y un acceso inequitativo a áreas verdes configuran un paisaje urbano que dificulta estructuralmente la vida activa.
Marianela Castillo-Riquelme, Economista en Salud y doctora en Salud Pública, una de las autoras del documento, subraya que este debate tiene una dimensión territorial que las políticas públicas han tendido a invisibilizar: “Este policy brief busca precisamente llenar ese vacío: integrar la salud pública con el urbanismo, la movilidad, la inclusión y las dinámicas sociales, entendiendo que la actividad física no depende solamente de decisiones personales, sino también de condiciones estructurales”, explica.
Para María José Arias, nutricionista y académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, “las causas de la inactividad física trascienden las decisiones meramente individuales, siendo el diseño y la seguridad del entorno urbano factores determinantes”. Y agrega, “la falta de infraestructura segura configura barreras urbanas y ambientales que restringen la movilidad cotidiana, dañan la autonomía funcional y afectan directamente la salud de la población””.
La fragmentación institucional como obstáculo
El documento identifica en la fragmentación institucional uno de los nudos críticos del problema. La coordinación entre los ministerios de Salud, Vivienda, Transporte y del Deporte es limitada, y los instrumentos disponibles operan con marcos técnicos y financieros no alineados.
A juicio de Marianela Castillo, esta dispersión tiene consecuencias directas sobre las posibilidades reales de la población. “La fragmentación institucional puede traducirse en programas poco coordinados, discontinuidad entre administraciones, pérdida de financiamiento y dificultades para implementar estrategias de largo plazo. Muchas veces existen iniciativas positivas, pero aisladas entre sí, lo que reduce su impacto potencial”, dice.
La investigadora añade que el desafío de fondo es avanzar desde esfuerzos dispersos hacia una política de Estado más articulada, “con financiamiento estable, metas compartidas y una visión de ciudad que ponga la salud y la equidad en el centro”.
Cuatro ejes de acción para un Chile más activo
Frente a este diagnóstico, el Policy Brief propone una estrategia articulada en cuatro ámbitos. En lo normativo y regulatorio, plantea armonizar leyes y manuales de planificación urbana entre los ministerios de Vivienda, Transporte y Obras Públicas, e implementar un programa nacional de infraestructura activa con veredas seguras, ciclovías y rutas de micromovilidad. En gobernanza, recomienda otorgar al SEVS atribuciones reales de coordinación intersectorial y conformar una mesa nacional que reúna a los ministerios involucrados, con participación de gobiernos regionales, municipios y sociedad civil. En financiamiento, propone fondos específicos y descentralizados para espacios públicos en zonas periféricas, con presupuestos participativos vinculantes y líneas permanentes para programas como Calles Abiertas Familiares o CicloRecreoVías.
Finalmente, en participación ciudadana, Arias Téllez explica por qué incorporar metodologías cualitativas como cartografías sociales y mapeos afectivos es indispensable: “Históricamente, la planificación urbana se ha construido desde un sujeto universal masculino, invisibilizando las necesidades de las mujeres, las disidencias y las diversidades”.
Referentes internacionales y mirada transdisciplinaria
El análisis incluye una revisión de experiencias en Londres, Bogotá, Países Bajos, Barcelona y Australia. Arias Téllez destaca aprendizajes concretos de cada contexto: de Londres, la adopción de marcos técnicos compartidos que faciliten la coordinación intersectorial; de Bogotá, la integración de la iniciativa ciudadana; de los Países Bajos, una gobernanza multinivel respaldada por financiamiento sostenido; de Barcelona, el valor de los pilotajes locales combinados con participación ciudadana; y de Australia, el rol estratégico de agencias de salud pública que actúen como puentes entre la evidencia científica, el financiamiento y la gestión municipal. “La gran lección internacional es que, para fomentar la actividad física a nivel poblacional, se requiere superar la fragmentación institucional mediante un enfoque multisectorial, financiamiento descentralizado y participación comunitaria real”, resume la investigadora.
Castillo-Riquelme concluye que “la evidencia científica reciente ha sido muy clara: cualquier nivel de actividad física es mejor que ninguno. Por eso creemos que este es un momento especialmente oportuno para avanzar hacia políticas urbanas más integradas, sostenibles y centradas en las personas”.
Por: Cecilia Yáñez, periodista VID
Publicado originalmente en: Noticias Uchile
]]>La moción, patrocinada por las Senadoras María José Gatica y Alejandra Sepúlveda, y los Senadores Sebastián Keitel y Alejandro Kusanovic, modifica la ley N°20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, busca mejorar la alimentación y fomentar la actividad física de estudiantes de educación superior.
De acuerdo con el informe de la Federación Mundial de la Obesidad de las Naciones Unidas, si no se cambian los hábitos de las personas, para el 2025, el 43 por ciento de la población será obesa en Chile, afirman los autores de la iniciativa.
Hacen referencia al estudio que realizaron especialistas de la Universidad de Chile ante los problemas alimenticios y de movilidad de los universitarios (Policy Brief «Establecimientos de educación superior saludables: Propuestas para mejorar el ambiente alimentario y de movilidad», mayo 2023), que revela que los estudiantes tienen un alto consumo de alimentos no saludables, un bajo consumo de frutas y verduras, y suelen omitir comidas importantes en el proceso formativo, como el desayuno. A su vez, da cuenta que esta población etaria pasa varias horas al día con actividades sedentarias al interior de los recintos universitarios.
La investigación señala que el ambiente universitario a nivel nacional puede ser regulado por la coordinación entre el Estado y las instituciones, a través de normativas, guías propias o políticas públicas, que apunten a generar mayor bienestar integral en este grupo social.
Refieren que una de las académicas que realizó el estudio, Lorena Rodríguez, de la Facultad de Medicina e integrante del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP), mencionó que “Chile es un país con importantes problemas alimentarios y nutricionales en todos los grupos etarios. Estos problemas cuentan con factores y determinantes sociales, los cuales se vinculan con el entorno de las personas. En este sentido, según el estudio que hicimos en la U. de Chile, existe entre un 9 a un 15 por ciento de inseguridad alimentaria en jóvenes estudiantes que viven procesos de crisis”.
En esta línea, el documento presenta recomendaciones para fomentar la alimentación saludable al interior de los establecimientos. A nivel general, se propone la regulación de la actividad física, un mejoramiento a la infraestructura de los espacios y un aumento en la oferta de alimentos saludables.
Si bien Chile cuenta desde 2006 con una “Guía para Universidades Saludables y otras Instituciones de Educación Superior” cuyas recomendaciones buscan regular la promoción de salud en las organizaciones educativas, esta es de carácter voluntario.
Desde el Ministerio de Salud el foco se ha puesto en el ámbito escolar, no existiendo estudios que demuestren que la Guía sea aplicada en universidades o centros de formación, ni que existan resultados asociados a ella.
Por lo anterior, proponen modificar el inciso primero del artículo 4 de la ley N°20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, a fin de incorporar las instituciones de educación superior, como también que actividades didácticas y físicas consideren la asesoría de especialistas y la adopción de programas de alimentación variadas que contengan o consideren las diversas necesidades alimenticias.
De aprobarse la iniciativa legal, el texto sería el siguiente:
Artículo 4°.- Los establecimientos de educación parvularia, básica y media del país como también las instituciones de educación superior deberán incluir, en todos sus niveles y modalidades de enseñanza, actividades didácticas y físicas considerando la asesoría de especialistas y la adopción de programas de alimentación variadas que contengan o consideren las diversas necesidades alimenticias que contribuyan a desarrollar hábitos de una alimentación saludable y adviertan sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud. Asimismo, deberán informar y advertir a los estudiantes, padres, madres y apoderados, sobre la existencia de las diversas patologías relacionadas con intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca y alergias alimentarias, con la finalidad de precaver sintomatología asociada y prevenir alteraciones de la salud.
Los establecimientos educacionales del país deberán incorporar actividad física y práctica del deporte, a fin de fomentar en sus estudiantes el hábito de una vida activa y saludable.
Vea texto de la moción y su tramitación aquí.
Por: Diario Constitucional
Publicado originalmente en Diario Constitucional
]]>“Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad” es el nombre del nuevo policy brief publicado por un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile con el apoyo de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). El documento realiza un diagnóstico sobre los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en esta materia y plantea propuestas de política pública para el país.
De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, efectuado en 2015 por el Servicio Nacional de Discapacidad, en Chile hay un total de 2.836.818 personas en esta condición, de las cuales cerca de 2,6 millones corresponden a individuos adultos. Frente a este escenario, un grupo de académicas y académicos de la Universidad de Chile, en colaboración con miembros de la sociedad civil, elaboraron este policy paper con el propósito de ampliar el debate en esta materia, a partir de la noción de derechos humanos.
El escrito fue desarrollado de manera intersectorial e interdisciplinaria para identificar de manera robusta los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) de las personas con discapacidad (PcD) en Chile.
Dentro de los autores del documento, se encuentran académicos y académicas de diversas disciplinas de la Universidad de Chile, así como también, integrantes de organizaciones enfocadas en temáticas que abordan la realidad de las personas con discapacidad en Chile, tales como el Núcleo Desarrollo Inclusivo, Viviendo con Demencia I+D, Agrupación Líderes con Mil Capacidades y la Red Nacional de Consejos Comunales de Discapacidad.
Situación país
El año 2010 entró en vigencia la Ley 20.422, que decreta el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y busca asegurar el disfrute de sus derechos, eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. A pesar de la promulgación de esa norma, en la actualidad siguen persistiendo diversos desafíos, barreras y obstáculos que impiden que las PcD puedan llevar a cabo sus vidas de manera regular.
Dentro de ellas, el documento indica que existe una alta discriminación a las personas con discapacidad en los debates públicos sobre normativas y que también enfrentan diversas barreras para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Según uno de los autores del policy brief, el académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile Álvaro Besoain-Saldaña, esto se debe a que “en Chile no hay un programa transversal que aborde estas temáticas. Es un punto importante porque culturalmente la discapacidad en Chile no reconoce estos derechos o suelen ser muy incipientes, lo que termina impactando en la falta de herramientas y desconocimiento de la información adecuada”.
Principales barreras identificadas
La discriminación se posiciona como una de las principales barreras que el policy brief aborda, debido a la existencia de estereotipos hacia las PcD y estigmas en cuanto a la toma de sus decisiones en el ejercicio de su sexualidad. Para Cecilia Morovic, una de las autoras del documento, integrante de la Red Nacional de Consejos Comunales de Discapacidad y presidenta del Consejo Regional de Ciegos-Araucanía, esto se debe a que, “en general, es un tema que no se aborda y con mayor razón cuando se trata de personas con discapacidad. Es un tema muy tabú todavía en nuestra sociedad”.
Otra de las limitantes que se evidencia es el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva. De acuerdo a la encuesta realizada en 2016 por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), un 25,4% de PcD declara haberse sentido discriminada en algún un centro de salud en Chile.
Dentro de los aspectos de la atención en que más brechas persisten, el escrito plantea que se encuentra “el manejo de información sobre prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual y sexualidad en general”. Asimismo, la misma encuesta de SENADIS indica que el 25% de las PcD consideran al sistema educacional como una barrera, debido a la estigmatización y prácticas sobreprotectoras que limitan los espacios de aprendizaje en estas materias.
“Porque la infantilización, las miradas centradas en la discapacidad, en lo que les falta a las personas, y no en su potencialidad o en su característica primero de ser persona y después presentar una discapacidad, nos puede ayudar a cambiar esta perspectiva”, comentó el profesor Álvaro Besoain-Saldaña.
Enfrentando el desafío
El policy brief “Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad” busca ser una guía para avanzar hacia la implementación de políticas públicas en la materia. En este sentido, el documento plantea una articulación entre las áreas de educación y salud para un cambio cultural sustantivo en la sociedad, así como también la promoción de medidas y capacitación para el desarrollo integral, tanto de las personas con discapacidad como de quienes los rodean.
“Un ejemplo que puedo dar es que actualmente existe una muy baja existencia de sillas ginecológicas para que mujeres con discapacidad física se hagan su Papanicolaou (PAP). Por ello, quien debe tener esto en cuenta son los médicos, los equipos de salud, pero también el arquitecto, el ingeniero, los tomadores de decisión”, concluyó Álvaro.
Adicionalmente,la subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y representante del comité editorial del policy brief, Lorena Rodríguez, comentó que este documento “hace una revisión de todas las barreras que existen actualmente para que se ejerza este derecho a la salud sexual y reproductiva por parte de las personas con discapacidad”.
Asimismo, Pablo Riveros, jefe de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la VID, expresó que el escrito busca apoyar a “las personas de los distintos ministerios y los gobiernos locales, pero también a los mismos activistas que tienen como foco el derecho para las personas con discapacidad”.
Para ello, el profesor Besoain-Saldaña explicó que la disminución de barreras para el ejercicio de los DSR de las PcD requiere ser abordado desde un trabajo estatal intersectorial. “Los mitos y las construcciones de prejuicios, estigmas, hay que asumirlos como un proceso histórico, que también implica cambios no solamente dentro de esta generación, sino que cambios de distintas visiones intergeneracionales”, manifestó.
Este trabajo implica, además, “informarnos y elaborar campañas, que las personas entiendan que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad”, culminó Cecilia Morovic.
El documento se encuentra disponible para su visualización y descarga al costado derecho de la pantalla.
Por: Comunicaciones VID
Publicado originalmente en Noticias UChile
]]>